20 julio 2017

Año XIV - Nº 1045

El debate sobre la eutanasia: los diputados deben razonar

Editorial
Forum Libertas

En el Congreso de los Diputados se debatirá otra vez una iniciativa legislativa sobre la eutanasia, una cuestión delicada en una sociedad plural y que envejece a pasos acelerados.

Existe una primera reflexión fáctica que todos los grupos políticos deberían practicar, aunque el creacionismo, es decir, la idea que el mundo empieza con ellos es una tentación cada vez más fuerte, entre otras razones, porque exige una preparación menor. 


Si las leyes fueran objetos materiales, piezas de una construcción o de una mecánica, los diputados serían más cuidadosos de lo que son. Cometen el error de pensar que el papel lo soporta todo y la política se hace a golpe de titular. Se equivocan. Una ley es solo el plano de un proyecto material, la construcción debe estar bien hecha, y las consecuencias bien medidas. 

Y una advertencia, España tiene una pésima tradición legislativa. Se hacen leyes sin considerar su aplicación. El caso de la ley sobre la dependencia, que aún sigue coleando en sus nefastos efectos de impresión, es un caso espectacular, pero no el único.

Existe una reflexión básica que todo el Congreso debería practicar, y es la del porqué a pesar de los muchos años transcurridos desde que existe una reivindicación en este sentido en Occidente, pocos son los estados que han legislado sobre ella, y los que lo han hecho, caso de Holanda, no han creado un efecto contagio. 


Es más, cuando se debate del tema se recurre poco a los resultados de este país, a pesar de que es el que cuenta con más precedentes. La cuestión es porque es así ¿Por qué los estados son tan reacios a legislar a favor de un tema que además tiene el aliciente que reduce la factura de las pensiones y de la sanidad pública? 

La respuesta es porque resulta muy peligroso, y es una fuente de abusos y de inequidad. Los “ricos” acuden poco a ella, prefieren pagarse una buena atención paliativa. Los diputados tienen el deber de conocer las experiencias fallidas de otros países, y los resultados de aquellos pocos que lo aplican. 

Es más, una opinión pública bien configurada debería exigir estos conocimientos y este debate por parte de sus representantes. Y un último apunte en esta misma línea. Resulta incomprensible, que la izquierda, que se presupone que tiene su bandera en la redistribución, la reducción de la desigualdad y la defensa de la equidad, juegue prioritariamente esta carta antes de conseguir unos cuidados paliativos por parte de la sanidad pública para el 100 % de la población. 

Garanticemos esto a los ciudadanos y, una vez realizado, podremos hablar éticamente de autonomía ante la decisión de la muerte y el sufrimiento.

¿Censura? Facebook bloquea decenas de páginas católicas sin explicación alguna

Redacción
AciPrensa

En las últimas 24 horas más de una veintena de páginas de inspiración católica han sido bloqueadas por Facebook, la red social más grande del mundo, que apenas el 5 de julio celebraba haber alcanzado los 2 mil millones de usuarios.

Entre las páginas afectadas figuran al menos 21 páginas brasileñas y 4 de contenido en inglés, administradas por personas de Estados Unidos y África. Estas páginas tienen entre cientos de miles y 6 millones de seguidores.

El administrador de “Papa Francisco Brasil”, Carlos René, indicó que su página de 4 millones de seguidores “estaba fuera del aire desde las 22 horas del 17 de julio”.

“El único aviso de Facebook fue un mensaje del tipo ‘Your Page has been unpublished’ (Su página ha sido retirada) dando una opción para responder. Ya hice eso pero hasta ahora la página permanece bloqueada”, dijo.

Luego del bloqueo, comenta Carlos René, “diversas páginas de inspiración católica también denunciaron haber sido desactivadas sin ninguna explicación, ya sea el perfil de las personas o el de los administradores”.

El perfil personal de René también fue bloqueado durante unas horas, pero “después volvió”.

Godwin Delali Adadzie es el administrador de la página Jesus and Mary, con 1.7 millones de seguidores, que enfrentó un problema similar la madrugada de hoy.

En declaraciones a CNA -agencia en inglés del Grupo ACI-, Godwin señaló que revisó las políticas de Facebook “y, honestamente, no veo ninguna que yo haya infringido para que mi página sea retirada”.

Godwin dijo que envió dos apelaciones a Facebook pero aún no obtuvo una respuesta. “Luego me enteré que muchas otras páginas católicas en Facebook con más de un millón de ‘me gusta’ y seguidores tuvieron el mismo problema”, indicó.

Otra página católica de gran alcance en Brasil que también ha sido bloqueada es Nossa Senhora Cuida de Mim, que en julio pasó los tres millones de seguidores.

En el blog del mismo nombre se informó que el bloqueo fue una decisión inesperada de “Facebook que sorprendió a los editores y administradores de la página Nossa Senhora cuida de mim: una restricción (exclusión) de la red social”.

“Tras la supresión de nuestro sitio, nuestras otras redes como Instagram, Twitter, Google+ y otras se llenaron de mensajes de fieles y seguidores que preguntaban sobre lo que podría haber sucedido con la página que no está en el aire”, indicaron.

Otras páginas que también han sido bloqueadas son Meu Imaculado Coração triunfará, Essência e Luz, Clássicos da Música Católica, Nossa Senhora, Belezas da Igreja Católica, Virgem Maria e Santas, Ore espere confia, Uma oração e o coração se acalma, God de Portugal, My Mother Mary dos EUA, entre otros.

Facebook no se ha pronunciado ni ha explicado la razón del bloqueo de las páginas católicas, pero la situación recuerda las acusaciones hechas en 2016 contra la red social, por supuestamente descartar de las tendencias a las noticias consideradas conservadoras.

En esa ocasión, Mark Zuckerberg, fundador y Director Ejecutivo de Facebook, rechazó las acusaciones de censura, y se reunió con líderes conservadores estadounidenses para asegurarles la neutralidad de su servicio.

La página Sou Feliz por ser Católico (a) publicó una nota de repudio a estos acontecimientos, en la que solicita a “todos los católicos no se callen y envíen mensajes a Facebook, requiriendo el retorno de las páginas y el respeto a nuestro derecho de creencias religiosas”.

En 2016, Facebook bloqueó la página brasileña “Revoltados Online”. El administrador presentó una demanda contra la red social y en septiembre el juez Rodrigo Galvão Medina, del Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, ordenó que se restablezca la página y que se pague entre mil y 50 mil reales (entre 316 y más de 15 mil dólares) por día.

Ante el incumplimiento de Facebook, el juez elevó la multa a entre 5 mil y 50 mil reales por día. En los últimos meses, la red social estadounidense ha buscado una conciliación con el administrador de la página Revoltados Online para evitar empeorar el caso.

Recordando este caso, el sacerdote brasileño Augusto Bezerra recomendó en un post en su blogque los administradores hagan los mismo por sus páginas y servicios, para que Facebook deje de ser abusivo con sus acciones”, que “demuestran notablemente una aversión al contenido cristiano conservador”.

Para la noche del 19 de julio, Facebook había levantado el bloqueo contra las páginas católicas en portugués e inglés. En declaraciones a ACI Prensa, un portavoz de Facebook explicó que “el incidente fue ocasionado accidentalmente por un mecanismo de detección de spam en la plataforma. Pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que esto pueda haber ocasionado”.

Actualización 19 de julio de 2017 a las 11:19 a.m. GMT-5: Se añadió la explic
ación sobre el bloqueo dada por un portavoz de Facebook.
Con información de ACI Digital.

La hipótesis del suicidio

Cristina Losada
Libertad Digital

¿Datos? ¿Esperar a que concluya la investigación? ¿Para qué, cuando el suicidio corrobora un relato moral preexistente?

Cuando escribo estas líneas, nadie sabe cuál fue la causa de la muerte del expresidente de Cajamadrid Miguel Blesa. 

Sin embargo, al poco de conocerse que había aparecido muerto en una finca de Córdoba con un disparo de escopeta en el tórax, prácticamente toda la prensa –con la excepción, por ejemplo, de este periódico donde escribo– incluía en las primeras líneas de la noticia "la hipótesis del suicidio".

"Las primeras hipótesis apuntan al suicidio", se podía leer en un periódico. "La Guardia Civil investiga la hipótesis de que se trata de un suicidio, aunque no descarta que pueda ser un accidente", decía otro, más cauto, pero no demasiado: podían haber puesto que investigaban la hipótesis de un accidente, aunque no descartaban el suicidio. En las televisiones, la cautela y la prudencia no existen, de modo que al mediodía pregonaban tranquilamente que la hipótesis del suicidio cobraba "cada vez más fuerza", sin ofrecer ni un solo dato nuevo que lo sustentara.

Aquellos que todavía siguen citando fuentes, cosa cada vez más rara, atribuían la hipótesis del suicidio a agentes de la Guardia Civil y la policía judicial que acudieron a la finca. Un periódico agregaba una más, como si fuera decisiva: el alcalde del pueblo. El alcalde, decía el diario, "confirmaba las hipótesis de los agentes". No sé por qué ese plural cuando se referían sólo a una. Pero ¿qué sabía el alcalde? El alcalde sabía tanto de la causa de la muerte de Blesa como cualquiera de nosotros: nada. Pero piensa, cree, supone y da por sentado que Blesa ha tenido que suicidarse. Como lo pensarán, creerán, supondrán y darán por sentado muchos otros.

¿Datos? ¿Esperar a que concluya la investigación? ¿Para qué, cuando el suicidio corrobora un relato moral preexistente? Para uno de esos relatos morales, el suicidio será el castigo, autoinfligido, por las tropelías que cometió en Cajamadrid. Les parecerá normal que no pudiera seguir viviendo con las consecuencias de sus actos, en especial las penales. Establecerán esa relación aunque no haya manera de saber por qué se suicidó, si es que se demostrara la hipótesis. 

Al tiempo, para otro de esos relatos morales, el suicidio será una prueba, una más, de que la presión a la que se somete a los acusados y condenados por corrupción es insoportable; de que el castigo mediático, judicial y social, conduce a esas personas a la muerte. De forma similar al caso anterior, tal relación causa-efecto se dará por cierta, pese a que no pueda demostrarse.

Para los relatos morales –o moralina, porque no llega a más– como los que tanto se han desarrollado durante la crisis y en torno a la corrupción, los hechos y los datos son intrascendentes e innecesarios. Por eso hay que recordar una y otra vez que son ellos, los hechos y los datos, los que han de tener preeminencia. 

Primero hay que saber. Mientras no se sepa, hay que dejar las hipótesis en el lugar de las hipótesis. Con la muerte de Blesa una hipótesis ha ocupado una vez más el lugar de las certezas. Nada gusta más que confirmar lo que ya se tiene en la cabeza. Y la disciplina de los hechos es ardua, poco vistosa, difícil de manipular políticamente y, ¡horror!, puede desmentir lo que creíamos. O llevarnos a la insatisfactoria conclusión de que no podemos saber el porqué.

19 julio 2017

El sacerdote y el aborto

Pedro Trevijano
Religión en Libertad

Una de las múltiples aberraciones de la ideología de género es que el aborto es un derecho humano, cuando en realidad su contrario, el derecho a la vida, es el derecho humano fundamental, hasta el punto que todos los demás derechos se apoyan en él, pues si no vivo, ¿para qué quiero mis derechos?

El ser humano en cuanto ser humano está bajo la protección de Dios, no a nuestro arbitrio, y si olvidamos esto, estamos olvidando el verdadero fundamento de los derechos humanos. No atentar contra la vida humana no nacida es no sólo un precepto cristiano, sino un mandato humano universal. Nadie tiene derecho a decidir que otra vida no tiene que ser vivida, consistiendo el aborto voluntario en la destrucción violenta de un ser humano.

La finalidad natural, primaria y principal de la medicina y del progreso cientificotécnico es la defensa y la protección de la vida, no su eliminación. El aborto provocado es un acto intrínsecamente malo que viola muy gravemente la dignidad de un ser humano inocente, quitándole la vida. Ya en el juramento hipocrático, que han realizado los médicos desde el siglo V a.C., encontramos: “Tampoco daré un abortivo a ninguna mujer”. Por parte de la Iglesia ha sido doctrina constante la condena del aborto provocado, pues toda vida humana tiene derecho desde su inicio a la existencia.

El Antiguo Testamento afirma categóricamente en el Decálogo: “No matarás” (Ex 20,13; Dt 5,17). En el Nuevo Testamento se renueva la prohibición de matar y San Juan Bautista se alegra de la venida de Jesús todavía en el seno de su madre (Lc 1,42-44). Por esto la Iglesia comprende el “no matarás” de la Escritura como el llamamiento absoluto a no ocasionar voluntariamente la muerte de un ser humano, quienquiera que sea.

En el Vaticano II la constitución pastoral Gaudium et Spes lo califica de atentado a la vida y crimen horrendo (GS 27 y 51), afirmando literalmente: “Vita igitur inde a conceptione, maxima cura tuenda est”, es decir “Así pues la vida debe ser defendida con gran cuidado desde la concepción” (GS 51). 

Pablo VI reitera esta condena al “aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas” (Humanae Vitae, 14). 

El Catecismo dice: “El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2271). 

Juan Pablo II afirma categóricamente: “Los textos de la Sagrada Escritura, que nunca hablan del aborto voluntario y, por tanto, no contienen condenas directas y específicas al respecto, presentan de tal modo al ser humano en el seno materno, que exigen lógicamente que se extienda también a este caso el mandamiento divino “no matarás”” (Evangelium Vitae, 61); 

“Declaro que el aborto directo, es decir querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la Palabra de Dios escrita; es transmitida por la Tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal” (EV, 62).

De los implicados, quien nos viene con más frecuencia a los sacerdotes es la madre. El aborto le hiere en lo más profundo del ser, va totalmente en contra de sus sentimientos e instintos más profundos, aunque algunas intenten justificarse haciéndose sus defensoras; destroza literalmente las vidas de quienes lo llevan a cabo, porque matar a un hijo o a un ser humano inocente conlleva un sentimiento de culpa, y es que es más fácil sacar al niño del seno de su madre que de su pensamiento, porque el problema no es ser madre o no serlo, sino ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto.

Es obvio que toda mujer que aborta queda muy frecuentemente profundamente afectada por ello. Es evidente que el sentido de culpa deja muy malas consecuencias en los que intervienen en un aborto, ya que el sentimiento de culpabilidad, al revés de lo que sucede en muchísimos otros pecados, que con el paso del tiempo se difuminan, aquí por el contrario su recuerdo se hace cada vez más vivo e incluso se agrava con sus consecuencias psíquicas de depresiones, angustias, trastornos de sueño, disfunciones sexuales, gran aumento de los conflictos conyugales, de la violencia doméstica y del consumo de drogas, así como una fuerte propensión al suicidio.

Y es que la naturaleza no perdona. Si el simple aborto natural suele ocasionar una depresión en la madre, un acto tan contra el instinto materno como el aborto provocado lleva consigo un muy serio problema emocional que hace necesario con frecuencia el correspondiente tratamiento médico psiquiátrico de quien lo realiza, a fin de poder asumir, también humanamente, las consecuencias de su acto, sacando a la luz sus sentimientos de culpa y experimentando muchas la necesidad de que alguien superior les perdone.

Porque además de ese tratamiento psiquiátrico, como es también un problema de conciencia y de pecado, puesto que se trata ciertamente de una pésima acción, que afecta también a todos los implicados en él, como médicos, personal sanitario, políticos que votan a favor de él, propietarios de clínicas abortivas y todos aquellos que se lucran con este negocio infame, es gravísimo, mucho peor que el de la madre, por lo que creo que el mejor medio para recuperar la paz interior es el arrepentimiento sincero con la absolución sacramental que garantiza el perdón de un Dios que sí quiere perdonarnos y nos ayuda a convertirnos.

Dios perdona todo pecado, por enorme que sea, pero es necesario arrepentirse, lo que supone por nuestra parte la aceptación de la gracia divina, para que Él pueda perdonarnos. Tras este perdón de Dios, queda otra tarea por hacer, especialmente con las madres: convencerles de que tienen que llegar a perdonarse a sí mismas, para lo cual hay una bella frase de Mamerto Menapace: “Las lágrimas de una madre son el agua del bautismo de sus hijos”.

Los mutis de Landaluce

Alberto Pérez de Vargas
Europa Sur

Dos asuntos han tenido estos días un especial impacto en los círculos de opinión. Respecto a ambos, nuestro admirado José Ignacio Landaluce debiera haber tenido algo que decir y nada ha dicho. Que el alcalde de Algeciras se haya puesto de perfil en el oscuro conflicto de la estiba, lo deja a uno estupefacto. 

Y que ese silencio inquietante haya permanecido inmutable, como si nada tuviera que ver en ello, ante el momento político de Gibraltar, induce a pensar que nuestro regidor principal está sufriendo tensiones internas, tal vez generadas por la pasión que inspira el sostenimiento de una mayoría absoluta en tiempos de rebajas.

Picardo está que pierde los machos de tanto cabalgar y Landaluce parece un trasunto en miniatura del presidente Rajoy; se limita a esperar a ver qué pasa. El alcalde es, por si no le bastara con ser eso, el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado. ¡Y ni siquiera sabe cuál es el verdadero montante de trabajadores españoles que faenan en Gibraltar! Ya podría haberse puesto la Mancomunidad a hacer un estudio que permitiera valorar de qué cifras y efectos estamos hablando. 

El presidente Luis Ángel Fernández es hombre de cuentas, y un hábil político curtido en el cuerpo a cuerpo. Sorprende que no se le haya ocurrido estudiar el impacto que tendría en la comarca el final del estatus que hace de la colonia, entre otros muchos nocivos efectos, uno de los importadores de tabaco más importantes del mundo.

Uno se pregunta, inasequible al desaliento, si el fraude fiscal que supone Gibraltar para España, no es superior al coste de las economías domésticas de los españoles dependientes de la colonia ¡Cómo es posible que la Mancomunidad desconozca la realidad de la situación y que su presidente se pierda en golpes de demagogia y no quiera ni oír hablar del tema!

Cuentan que esta semana, Landaluce se ve con el ministro Dastis para hablar de Gibraltar. No creo que el alcalde haya sido ya abducido por los plumillas y políticos socialistas en la reserva, de la quinta columna. Ni que tal sea el caso de Fernández y de Ignacio Macías, coordinador de la Administración del Estado en el Campo de Gibraltar y primus inter pares del PP en La Línea. 

Y no lo creo, aun impresionado por el alcance de la quinta columna de Picardo. ¡Hasta las universidades están en el programa! Las de Cádiz y Málaga, la primera sobre todo, han sido ya tocadas por el aura de la colonia.

18 julio 2017

El PP, acorralado

Luís María Anson
EL IMPARCIAL

Desde hace demasiado tiempo, el Partido Popular se bate a la defensiva. Tiene muchas razones para atacar pero, salvo alguna maniobra aislada, permanece a la espera de que le golpeen. 

Y no solo lo hacen Podemos y Ciudadanos, agrupaciones nuevas que hasta ahora no han tocado poder y están libres, aunque no del todo, de corrupción, sino también el PSOE, partido que objetivamente ha sido zarandeado por las prácticas corruptas, desde Filesa a nuestros días, tanto o más que el PP.

Sin embargo, la posverdad está convirtiendo al Partido Popular en el símbolo de la corrupción. El PSOE insiste en la cantinela, inventada por Pablo Iglesias, de que el PP es el partido más corrupto de Europa. Como al boxeador al que zurran sin piedad pero no cae, el partido que preside Mariano Rajoy permanece en pie golpeado por todos los lados. 

La comisión del Congreso es una pantomima y, además, un circo. La réplica pepera se ha producido en esta ocasión pero con tal torpeza que la maniobra, o mejor aún, la jugarreta del Senado, se está volviendo contra los que la pusieron en marcha.

Mariano Rajoy, en lugar de entrevistas inanes, debería sentarse con Pedro Sánchez y poner sobre la mesa los casos de corrupción de un partido como el socialista, que ha llegado a tener en la cárcel al director general de la Guardia Civil, al gobernador del Banco de España, al síndico de la Bolsa y a la directora del Boletín Oficial del Estado, amén de encausados a su presidente nacional, presidente a la vez de la Junta de Andalucía, y a su sucesor. 

Sin amenazas procaces pero con firmeza, Mariano Rajoy podría negociar con provecho que Pedro Sánchez enfunde la espada de la corrupción si no quiere que el Partido Popular desenvaine la suya.

«Estamos hartos del procés»

Salvador Sostres
ABC


Los embajadores en España muestran malestar por un proceso «totalitario»

Los embajadores en España están «hartos» del proceso independentista, de las «mentiras y trampas» de sus líderes. Aunque por su cargo tienen que extremar el cuidado en sus manifestaciones públicas, cada vez son más los que entre ellos y en voz alta, en algunos encuentros informales, expresan su malestar por un movimiento que ven «totalitario, populista y sin ninguna posibilidad».

A pesar de que la estrategia de la comunidad internacional en este conflicto ha sido la de limitarse a decir que se trata de «un asunto interno español» para recalcar su apoyo a España y a su legalidad y darle carta blanca para que tome las medidas que tenga que tomar para resolverlo, la mezcla letal del rechazo que produce en Europa la naturaleza misma de cualquier intentona secesionista en un Estado miembro y de la irritación que causa el desprecio por la Ley, las mentiras, la falta de libertad de expresión de los contrarios a la secesión y las malas artes pseudodiplomáticas que practica el gobierno de la Generalitat, han provocado un hartazgo y una animadversión tales que los líderes europeos más relevantes han ido mucho más allá de lo esperable en la explicitación de su oposición al separatismo catalán.

Si Juncker había sido más comedido que Durao Barroso hasta ahora, el miércoles se despachó a gusto dejando claro que salirse de España es lo mismo que salirse de la UE. También la muy prudente y mesurada señora Merkel dijo hace pocas semanas que Cataluña tiene que cumplir las leyes españolas. Para refutar cualquier tentación independentista de acogerse al derecho de autodeterminación, la ONU, tan sensible a las causas más perdidas, ha certificado que Cataluña no es una colonia. La Comisión de Venecia, a la que también los independentistas acudieron, resolvió que solo se puede hacer un referéndum si está dentro del marco legal del país: y cuando Puigdemont quiso darle la vuelta a su inequívoco veredicto, emitió insólitamente otro para aclarar cualquier duda y desautorizar las trampas dialécticas del presidente de la Generalitat.

Todo esto pesa y mucho en la idea que de este conflicto tienen los países de la UE, como la noticia que publicó esta semana «La Vanguardia» explicando que el Gobierno había propiciado un acercamiento a la Generalitat basado en un plan de 45 mejoras para Cataluña y que Puigdemont no se había ni sentado a negociar, quedando retratado ante los países civilizados como un político terco e inflexible.

Pero el fracaso del independentismo no sólo ha sido político, sino también estratégico. «Peor no se podía hacer», dice uno de los embajadores más importantes. «Nos bombardean con mails. Muchos de mis colegas lo borran de su ordenador o lo guardan en carpetas como «fake news» y «freak news». Cuando llama alguien de alguna asociación cultural catalana a una embajada para presentar algo, por muy inocente que parezca, saltan las alarmas porque en el 95 de los casos es una trampa para vender la independencia».

Por eso los embajadores de la UE comentan entre ellos que están absolutamente hartos y detectan con alivio que la independencia está perdiendo adeptos. Lo ven como un asunto de una minoría que puede hacer mucho ruido por las ingentes cantidades de subvención que reciben. Ningún país bien informado –porque una cosa es que Cataluña sea un asunto interno español y la otra es que los Estados serios no estén perfectamente al corriente de lo que ocurre en cada rincón de la Unión– cree que el llamado «procés» sea democrático ni mucho menos que se base en «las sonrisas». Han detectado la evidente violencia que subyace.

Preocupa especialmente la absoluta falta de libertad de expresión de los medios de comunicación catalanes, públicos y privados, lo que se entiende como un recurso absolutamente dictatorial y facilita la compración de los separatistas con movimientos populistas como el Frente Nacional fracés. Siguiendo con Francia, su gobierno ha protestado ya dos veces ante España por la injerencia de los independentistas en el sur de su país. Están profundamente indignados y entiende que una Cataluña independiente les puede causar problemas de contagio.

En Occidente –y es grotesco tenerlo que recordar– no existe democracia sin respeto de la Ley. Por eso la forma de actuar de los políticos separatistas choca con las convicciones de cualquier democracia moderna y tiene su más absoluta reprobación.

Preguntados estos cónsules y embajadores sobre cómo afrontarán –en caso de producirse– la presión de masivas manifestaciones callejeras reclamando el referendo, todos coinciden en recordar que en 1968 el gobierno británico envío tropas a Irlanda del Norte y que en 1971 la Gran Bretaña entró en la UE. En 1998, después de 30 años y 3.000 muertos, se resuelve el conflicto y se retiran las tropas. En los 27 años que los británicos estuvieron con su ejército en su «provincia complicada» –que es como los embajadores consultados se refieren a Cataluña– y fueron al mismo tiempo ser miembro de la UE, ningún Estado miembro interfirió en este asunto interno: nadie se atrevió ni a opinar.

También a propósito del Reino Unido, y preguntados los mismos embajadores por si las empresas de sus países presionaran a sus gobiernos para que a su vez presionen a España en caso de que los independentistas colapse las vías comercial de Barcelona con Europa, su respuesta es igualmente contundente: «En Londres, con el Brexit, están en juego intereses económicos mucho más extraordinarios que en Cataluña y no hay ninguna empresa que esté forzando a su gobierno. Las empresas están acostumbrados a abrir, cerrar, reestructurarse y por supuesto mudar filiales. Es parte del día a día. A nadie le preocupa demasiado. Nunca gusta, pero no crea traumas».

Cualquier esperanza de empatía queda sepultada por la respuesta del embajador de uno de los países a los que tanto suelen referirse los independentistas cuando explican la Cataluña que quieren.

¿No siente simpatía por un país pequeño como el suyo que quiere votar para decidir su futuro?

–En mi país los independentistas tienen el mismo nivel de popularidad que los testigos de Jehovà.


17 julio 2017

No es oro todo lo que reluce

Santiago Panizo Orallo
CON MI LUPA


Este amanecer, al abrir mis ojos al nuevo día, portaba consigo auras de vidas nuevas. El verde de los árboles de la calle se había vuelto, como por arte de magia, más brillante y suave; al rato, una lluvia fina tocaba grácilmente los cristales de mi ventana. Hacia la luz y la vida que se anuncia encaminan esta mañana también esas hojas de verde pastel y las minutas gotas de agua fina que las visitan para darles vida y luz. Reluciente se vuelve por fuera lo que ya reluce por dentro…

Sn embargo, y por desgracia, no es oro todo lo que reluce; y menos oro es cuanto más se fija uno en ello, aunque circule por la cresta de la ola. No siempre la primavera formal se corresponde con la primavera real, ni los olmos secos se prestan siempre a esperar las primaveras para renovarse, o porque están ya demasiado añosos, o porque su madera –o decrépita o inservible para ser vida riente- espera sólo “el hacha del leñador” que la disponga para ser –como genialmente expresa el poeta- “melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta”; o eso otro de peor destino: alimento del fuego en el hogar campestre o de fogata a la vera de un camino. Que no es oro todo lo que reluce.

Y esta misma mañana se perciben oropeles donde debiera brillar el oro puro.

Dos realidades me importunaban en efecto esta mañana. A una de ellas se la titulaba en la radio “guerra de fiscales”. A la otra la titulo yo “mi problema con la loca de la casa”.

Si, al referirse a esa guerra, se vislumbraban chispas –en toda guerra de verdad saltan cuando menos chispas-, como el riesgo de la politización de la justicia, la lacra social de las corrupciones –poner esta palabra en singular me parecería un reduccionismo sectario-, o ese real peligro –susceptible de atentar contra la dignidad humana- de las susodichas imputaciones (esta mañana he escuchado una estadística: el año pasado, de 340 imputados sólo 19 resultaron condenados, con la secuela para los imputados y no condenados de haber sido socialmente masacrados. ¿No puede haber lugar a una acción civil o penal de resarcimiento de daños?); en cuanto a la segunda –mis conflictos con “la loca de la casa”-, la inquietud no tanto me amilanaba como me encorajinaba: ¿será posible que me siga jugando malas pasadas y, en ocasiones, no pueda con ella?

Pero, ¿qué es un fiscal y a quién llamo la loca de la casa?. Como lo primero daría para una monografía jurídica y lo segundo, para un extenso reportaje psicológico, cuatro ideas basten para salir del apuro.

El fiscal es –en el específico argot procesal un órgano de la Justicia, como lo es el juez o lo son el llamado secretario judicial y, en otra escala, el cursor. En el fondo, un servidor de la Justicia con servicio reducido al ámbito de sus competencias. Vamos, un instrumento de impulso, de acusación y hasta de prueba encaminado a que, por el Tribunal, se administre bien y pronto la justicia con el único objetivo final de que efectivamente se haga la justicia o lo que piide y exige la justicia en una concreta sociedad. 

Si de los jueces, afirma Montesquieu, que son “la boca que dice la ley”, de los fiscales habría de decirse que son los ojos de la misma ley, que observan los desmanes para ponerlos en las manos del juez y darle ayuda para que se haga la justicia efectiva.

La expresión con que, en el ordenamiento canónico se designa al fiscal procesal es la de promotor de la justicia. Y si la palabra fiscal se conecta linguísticamente con el verbo fiiscaliizar que significa “ejercer sobre una persona o cosa una vigilancia crítica”, es decir racional y razonable, esa otra nominación, promotor, afina seguramente más y mejor en lo que está llamado a ser en el procedimiento judicial el papel o “munus” del fiscal. 

Por ello, más que fiiscal a secas que puede inducir a parcialidades de significado, parece mejor la de “promotor-fiscal” porque engloba tanto la vertiente de vigilar-controlar-acusar como la más sustancial de ser parte pública en los procesos de bien público.

Y “loca de la casa” –lejos del drama del mismo nombre de Pérez Galdós- llamo a la imaginación o la capacidad humana de fantasear lejos o al margen de la realidad. Y no por otra cosa sino porque anda a su aire, es con frecuencia una intrusa que aliena o enajena, y –por eso- necesita el freno constante de la inteligencia y la voluntad para que no se vaya por los cerros de Úbeda, como se dice. Hay días –sin saberse el porqué exacto- en que la imaginación desborda y te disipa impidiendo que te concentres y te fijes del todo en lo que haces. 

Y eso me ha pasado esta mañana, no sé si por la euforia de este primoroso amarecer primaveral, de neto claroscuro vital, o por lo que acababa de oír sobre la “guerra de los fiscales” en curso de actualidad. Es posible que los dos alicientes hayan tenido parte en la causa. Lo seguro es que esta mañana “la fiera” andaba más suelta que de costumbre.

A todo esto y sin embargo, a media mañana, brillaba el sol entre nubes amenazantes y el verde brillante de los árboles se pavoneaba de nuevo, aunque pequeñas rachas de viento no lo dejaban posar a gusto. Es decir, todo un claroscuro en la naturaleza como los que a diario muestra la vida humana.

Mi frase del día? Como –procesalmente- los indicios no son prueba sino, a lo más, arranque o base de prueba (a veces, ni eso), y sólo -si son “fuertes, vehementes y afinados”- abonan el derecho, o la razón mejor, para componer presunciones que, a partir de ellos, permitan o probar lo justo o apuntarse a pruebas, para estas reflexiones sobre la guerra de los fiscales o las intromisiones excesivas de la “loca de la casa” en el orden de la conciencia, mi frase la tomo del criterio que varias veces escuché de labios de uno de mis recordados maestros de Procesal, el prof. L. Prieto Castro: “El que, para juzgar o tomar decisiones, solo se basa en indicios rara vez acertará”.

Yo creo que la Semiótica es una buena ciencia, pero, como todas las ciencias, ha de ser bien manejada para que produzca resultados de verdadera ciencia.

Me confirmo en el rótulo del inicio. No es oro todo lo que reluce.

Junqueras y los nuevos héroes del Fossar de les Moreres

Jesús Cacho
Voz Pópuli

“Que nuestro president nos convoque a un referéndum para el que no hay censo, ni junta electoral, ni funcionarios, ni locales, ni urnas, ¿no da risa? Que presida el Gobierno un señor que no se presentó para ese cargo, y su proyecto estrella sea uno que no figuraba en el programa, ¿no es para llorar? Que un Gobierno adopte una iniciativa de inmensa trascendencia, con el evidente fin de que otro Gobierno la prohíba, ¿no parece una broma? Que nos digan que una decisión traumática e irreversible se podrá tomar por un voto, sin umbral mínimo de participación, ¿no es alarmante? Que la voluntad de quienes en esas condiciones nos negamos a votar (el 9-N fuimos el 63%) no cuente para nada, ¿no es motivo de furia?” 

El explosivo párrafo transcrito pertenece a un artículo aparecido en La Vanguardia este jueves que, firmado por la escritora y ensayista barcelonesa Laura Freixas, resume a la perfección el clima de cabreo y hartazgo que embarga a millones de personas, en Cataluña y en el resto de España, con el infecto vodevil del proceso independentista catalán.

¿Reír o llorar? Esa es la cuestión. La “remodelación”, vulgar corte de cabezas, del Govern llevada a cabo el viernes por Puigdemont y Junqueras, da ciertamente para unas risas. Según la versión del gerundense, los consejeros cesados le habrían ofrecido gentilmente el cargo a la manera que los santos mártires de la Iglesia ofrecían su cabeza al verdugo, San Dionisio de París sin ir más lejos, o le indicaban con la mano, la testa sobre el cepo, el sitio preciso del cuello donde debía pegar le tajo, caso de las santas Felicidad y Perpetua. 

La realidad es mucho más prosaica. Se trata de una purga en toda regla a la estalinista manera, en la que tibios, pacatos, cobardes o simplemente sensatos, capaces de mostrar alguna duda razonable sobre la locura de esa nueva Albania que una minoría quiere imponer a la mayoría, son pasados por las armas sin miramientos. Algunas reflexiones interesantes al respecto:

Por fin el Gobierno Rajoy ha dado con la tecla. Ha tardado 5 años, pero parece que por fin lo ha entendido. Ha comprendido que la clave para combatir al secesionismo está en el bolsillo. En ese dicho tan catalán de “la pela es la pela”. Lo puso en evidencia el consejero Jordi Baiget, no solo al manifestar dudas sobre la viabilidad del referéndum (“el Estado tiene tanta fuerza que probablemente no se podrá hacer”), un secreto a voces, porque sería muy difícil encontrar hoy entre los altos cargos de la Generalitat a alguien que no manifieste la misma desazón con la deriva del prusés, sino, mucho más importante, porque el conseller abrió la caja de los truenos al asegurar que “Yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio; pensamos en la familia, nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias”.

Ahí le duele. El patrimonio. La pasta. Baiget fue decapitado de inmediato, pero ya era demasiado tarde, ya se había descubierto el pastel, el secreto de Polichinela que a los mentecatos de Moncloa tanto les ha costado descifrar: que nadie se quiere jugar su patrimonio. Nadie quiere que al delito de desobediencia se le sume el de malversación de caudales públicos con la consiguiente responsabilidad subsidiaria afecta al patrimonio personal. 

Leído este jueves: “El Tribunal de Cuentas ultima sus primeras decisiones sobre la denuncia contra Mas, Ortega y Rigau por supuestas responsabilidades contables en relación con la consulta del 9-N”. Ahí le duele. De donde se infiere que si los Rajoy, Montoro y compañía hubieran sido un poco más estrictos a la hora de financiar el proceso secesionista mediante los FLAs de turno, otro gallo nos hubiera cantado y probablemente no estaríamos ahora en la encrucijada en la que nos hallamos.

Oriol Junqueras es de facto el presidente de la Generalitat. En pleno maremoto provocado por la “revolución Baiget”, el de la mata de pelo estilo fregona Vileda no tuvo mejor idea que pretender nombrar a Junqueras una especie de alto comisionado para la cosa de la organización del referéndum del 1 de octubre, y a Junqueras le dio un ataque de risa. 

La pelea por ver quién firma y quién no cualquier papel comprometedor se ha convertido desde hace meses en un auténtico pulso entre los capos del prusés. Como era de prever, el líder de ERC dijo que verdes las han segado. Y además contraatacó con una lista de la compra, previamente negociada con Artur Mas, el gran emboscado, que exigía la destitución de los consejeros tibios o acollonados, todos de PDECat, claro está, y el compromiso de los nuevos de asumir de forma colegiada las responsabilidades políticas y judiciales derivadas de la puesta en marcha del fiestón indepe.

Los nuevos héroes del Fossar de les Moreres
Y naturalmente hubo corte de cabezas. La aparición en la rueda de prensa posterior del vicepresidente de la Generalidad en un plano de absoluta igualdad con el president, escenifica lo que es ya un secreto a voces: que Oriol es el gran capo del prusés, que Junqueras reina sobre Puigdemont, de la misma forma que ERC reina sobre los escombros de la antigua Convergencia. 

Lo más divertido es que el orondo líder de Esquerra, que se ha puesto el hombre como un tonel, no tiene la menor intención de firmar nada, porque ya se ha encargado él de que así sea: será Jordi Turull, un tipo que está en política desde los 16 años, desagradable de trato y fanatizado en extremo, quien se haga cargo desde la consellería de Presidencia de los preparativos del referéndum, del mismo modo que Joaquim Forn, otro independentista de toda la vida, otra cara pétrea a lo Junqueras, se encargará como conseller de Interior de impedir que los Mossos cumplan las órdenes del ministro Zoido llegado el caso.

He ahí un par de héroes de nuestro tiempo dispuestos a inmolarse en el Fossar de les Moreres como padres putativos de la patria catalana. Son los camicaces de Puigdemont.

Una crisis cerrada en falso. “El ambiente en el seno del Govern es asfixiante: suspicacias entre compañeros de gabinete, temores expresados a medias por miedo al apelativo de traición y sospechas de escuchas telefónicas que llegan a la paranoia aunque quizá tengan alguna base real”. 

Así describía este jueves un diario catalán la situación que se vive en el Palau de la Generalitat. Una paranoia que anuncia el principio del fin, y ello porque los planes de Junqueras caminan en dirección contraria a los de ese patético Puigdemont enamorado del cargo que le cayó en suerte. La estrategia del líder de ERC apunta a terminar de hacer añicos al PDECat, para reinar sobre la Cataluña de derechas con un tripartito de izquierdas integrado por el PSC y En Comú Podem. 

De donde se infiere que don Oriol no va a correr el menor riesgo de ser inhabilitado como candidato a unas Autonómicas, y mucho menos ser imputado por malversación de caudales públicos, con la correspondiente pena de prisión y embargo de patrimonio.

¿Existe riesgo de algaradas callejeras? No es descartable que algo parecido se produzca, consecuencia de la frustración provocada al final de este camino sin retorno por gente como los antisistema de la CUP, esa vanguardia revolucionaria dispuesta a hacer de Cataluña algo más parecido a Siria que a Dinamarca. La aparición en escena de radicales como Joaquim Forn (horno), presagia el final de toda esperanza en lo que a cumplimiento de la legalidad democrática y respeto a las reglas del Estado de derecho se refiere. 

Los profetas dispuestos a inmolarse no podrán, sin embargo, contar con demasiada ayuda a la hora de la verdad. En Comú Podem (la coalición formada por Podemos, ICV y los “comunes” de Ada Colau) van a tratar de aprovechar el fiasco de la burguesía independentista para convertir Barcelona en la plataforma catalana del 15-M madrileño, trabajando activamente por la formación de un Gobierno de izquierda radical. Ningún interés en implicarse en un referéndum abocado al fracaso. 

La gran amenaza se llama ahora Pedro Sánchez
A Mariano Rajoy le vuelve a salir la jugada. La estrategia consistente en dejar que el Movimiento Nacional catalán se cueza a fuego lento en la salsa de su radicalismo le sigue dando buenos frutos, para sorpresa de quienes le reclaman un papel mucho más activo a la hora de combatir el golpe del Estado independentista. 

El prusés está ya como un buen bacalao al pil-pil: de coge pan y moja. Pero Mariano dejará que la olla termine por explotar en su momento. ¿Cuándo? Cuando su desactivación no le exponga de forma automática a una moción de censura que muy probablemente se prestaría a lanzar el gran Pedro Sánchez en alianza con las tropas de Pablo Iglesias y los restos del independentismo. Ergo cuando a Mariano le convenga, es decir, lo más cerca posible de unas elecciones generales en las que el gallego pueda recoger las nueces de un crecimiento económico ciertamente espectacular como el actual, con la promesa de esos 20 millones de empleos a las puertas del año 2020.

“Artur Mas se lo jugó todo al desastre económico de España, y perdió porque no se esperaba la recuperación”. Con esta ilustrativa frase explicaba días atrás el presidente de Foment y vicepresidente de CEOE, Joaquim Gay de Montellà, lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos años. 

Ahora mismo la tormenta en el horizonte, la principal amenaza que se cierne sobre el futuro de España, muy por encima de Puigdemones y Junqueras, se apellida Sánchez y milita en el PSOE: he ahí un hombre dispuesto, cual nuevo Zapatero, a una reforma de la Constitución que “reconozca las aspiraciones nacionales” de Cataluña.

Presto, pues, a hacerle el boca a boca a un independentismo que se ahoga y que fácilmente podría quedar noqueado para los próximos 20 años. Para tranquilidad de catalanes y resto de españoles. El eterno problema del socialismo español.

El "método Barbarin"

Santiago Martín
Católicos ON LINE

El cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, ha sido absuelto por segunda vez la Justicia francesa. Más que absuelto, en realidad lo que ha ocurrido es que el juez ha archivado el caso porque no veía ninguna consistencia a la denuncia. Es decir, ha declarado que no había caso, que era absurdo todo. 

La Archidiócesis de Lyon, en su comunicado informando de la decisión judicial, pide a los medios de comunicación que se hagan eco de la noticia con la misma extensión y duración que dedicaron al caso cuando el cardenal fue acusado. Hacen bien en pedirlo, pero pueden esperar sentados.

En agosto de 2016 ya fue archivada una denuncia contra el cardenal por presunto encubrimiento de abusos. Era tan ridícula la acusación que olvidaba que cuando se produjeron los hechos el cardenal era un simple sacerdote que ni remotamente tenía nada que ver con lo ocurrido. La segunda denuncia, es inconsistente -y por eso se ha archivado- porque hay constancia de que cuando el cardenal se enteró de los supuestos delitos pidió inmediatamente a la víctima que denunciara el caso a la policía. Para colmo, el sacerdote acusado de pederastia ha sido declarado inocente.

Pero, ¿a quién le importa la verdad, a quién le importa el sufrimiento de un hombre inocente? ¿a los medios? ¿a los políticos? Unos y otros cargaron con ferocidad contra el cardenal, aunque las acusaciones eran tan endebles que ni siquiera el juez las ha considerado relevantes. ¿No vieron ellos, como lo ha visto el juez, la inconsistencia de las mismas? Seguro que sí, pero eso no les impidió cebarse en una persona inocente. Incluso el entonces primer ministro francés, el socialista Manuel Valls, llegó a pedir al cardenal que asumiera sus responsabilidades y dimitiera. Se llegó a hablar de un “método Barbarin”, que sería el que supuestamente habría estado utilizando la Iglesia para encubrir a los curas pederastas.

En realidad, el “método Barbarin” sí existe. Pero no es el que los medios y los políticos dicen, sino justo lo contrario. No es un método para ocultar crímenes, sino para inventarlos. No importa la verdad. No importa lo que sufra un inocente acusado falsamente. Lo que importa es hacer daño a la Iglesia, hacer negocio vendiendo diarios o aumentando la audiencia. Lo que importa es conseguir votos de los sectores más radicales del electorado, que han encontrado en este tipo de acusaciones una manera aún más cruel que la que usaron sus antepasados para llevar a los curas al cadalso o a la guillotina. 


Ha quedado ya desfasada la frase que tanto gusta pintar en las paredes de los templos católicos a algunos radicales de izquierda: “La única Iglesia que ilumina es la que arde”. Ahora prefieren quemar vivos a los curas, y cuanta más responsabilidad tienen mejor, porque más escándalo hay. Si el cura es inocente, no importa. Lo que importa es que arda y, con él, que se prenda fuego al prestigio de la Iglesia. 

El “método Barbarin” sí existe. Es el juicio público que se lleva a cabo en los medios de comunicación, es la nueva hoguera con la que están quemando la Iglesia, alimentada por el odio y la mentira. Probablemente, el cardenal Pell, que ya está en Australia para defenderse, será la próxima víctima.

Los 10 caminos inciertos que puede seguir el Estado para parar a Puigdemont

María Peral
EL ESPAÑOL

“Todas las amenazas del Estado no frenarán la voluntad de poner las urnas el día 1 de octubre”, asegura insistentemente Carles Puigdemont, para quien la pregunta no es cómo va a articular el Gobierno catalán el referéndum de octubre sino “cómo va a parar el Estado” a “millones de personas” dispuestas a votar. 

La respuesta puede tenerla en apenas 72 horas, en cuanto el Govern acuerde la compra de las urnas, lo que ha anunciado para el próximo martes. Si esa o cualquier otra medida se materializan, el Estado tiene varias vías para hacer frente al desafío secesionista.

1. El Tribunal Constitucional
Ha sido hasta ahora la fuerza de choque ante los pasos hacia la independencia dados desde la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la declaración soberanista del 9 de noviembre de 2015, anulada por inconstitucional en la sentencia más rápida de la historia del TC, dictada el 2 de diciembre de 2015.

Desde entonces, y con resoluciones emitidas siempre por unanimidad, el TC ha estimado cada uno de los incidentes en los que el Gobierno, por medio de la Abogacía del Estado, ha denunciado que el Parlament está ignorando los pronunciamientos del tribunal en el sentido de que la Constitución no admite una secesión impuesta unilateralmente por una comunidad autónoma.

Decisiones del Tribunal Constitucional han sido el origen de los procesos penales que en estos momentos pesan sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios miembros de la mesa, procesos que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ello se debe a que el TC ha utilizado una de las medidas previstas en la ley que regula su funcionamiento para garantizar que sus resoluciones sean respetadas: comunicar los hechos al fiscal para que exija responsabilidad penal por desobediencia.

Pero esa ley, reformada por el PP en 2015 para rearmar al Tribunal Constitucional, incluye otras medidas que, “en circunstancias de especial trascendencia constitucional”, pueden ser adoptadas incluso sin ningún trámite previo de audiencia a las partes. Entre ellas está la suspensión en sus funciones de las “autoridades o empleados públicos” responsables del incumplimiento.

Hasta ahora en el TC no se han planteado ir más allá de las deducciones de testimonio. Una medida como la suspensión de cargos públicos elegidos democráticamente rompería la unidad del tribunal al ser considerada por varios magistrados una línea roja que en este momento no están dispuestos a traspasar.

En el seno del TC, además, existe una convicción generalizada de que el Gobierno de Rajoy está descargando en el tribunal el peso de la responsabilidad de reaccionar frente al proceso independentista, lo que genera malestar e incomodidad. Pero, en caso necesario, el ordenamiento jurídico permitiría al Constitucional adoptar medidas más contundentes que las tomadas hasta ahora.

2. Procesos por desobediencia
Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs fueron condenados hace cuatro meses por la consulta ilegal del 9N, lo que les ha costado la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público. Homs ha tenido que abandonar su acta en el Congreso de los Diputados por ese motivo y en poco tiempo otros políticos nacionalistas podrían encontrarse en la misma situación.

El proceso abierto contra Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento catalán Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Juan Josep Nuet por permitir la tramitación de propuestas soberanistas pese a las órdenes contrarias del TC está a punto de concluir en su fase de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Todos esos procesos penales se han iniciado por querellas de la Fiscalía. La última de ellas incluye no sólo los delitos de prevaricación y desobediencia sino también la malversación de fondos públicos, que conlleva penas de prisión. Se dirige contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y contra el exsecretario general de esa Consejería, Francesc Esteve, como responsables de la convocatoria de un concurso para la compra de urnas.

3. Preparativos del referéndum
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona lleva a cabo desde el pasado febrero unas diligencias, que ha declarado secretas, sobre los preparativos para el referéndum del 1-O. El proceso se ha iniciado por denuncias del abogado Miguel Durán y del partido Vox y afecta, por primera vez, a mandos intermedios del Govern y a funcionarios.

Fuentes relacionadas con este proceso aseguran que la Guardia Civil, que actúa como policía judicial, está llevando a cabo una investigación minuciosa. En ella se enmarca el requerimiento al Teatro Nacional de Cataluña para que entregue al Juzgado la información relacionada con el acto de presentación del borrador de la ley del referéndum el pasado 4 de julio.

4. Investigación de la Fiscalía
Desde 2016, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene abiertas unas diligencias de investigación relacionadas con la creación de las llamadas “estructuras de Estado”. Entre los delitos investigados se incluye la sedición, castigado con fuertes penas de prisión. En el seno de estas pesquisas, el pasado abril la Fiscalía requirió información a varias empresas que dan soporte al Cesicat (Centro de Seguridad de la Información, un organismo de la Generalitat que es considerado el CNI catalán) y a la Agencia Tributaria de Cataluña.

5. Vía contencioso-administrativa
No ha sido utilizada hasta ahora pero podría emplearse contra las decisiones del Gobierno de Puigdemont sometidas a Derecho administrativo, por ejemplo todas aquellas relacionadas con la contratación de bienes y servicios para el referéndum. Aunque la tramitación de estos procesos es larga, los tribunales de lo contencioso-administrativo tienen facultades para suspender cautelarmente los actos impugnados, lo que frenaría su desarrollo.

6. El Tribunal de Cuentas
El órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público puede jugar un papel esencial dentro de los mecanismos de reacción del Estado ante el proceso independentista. Desde el pasado mayo, el Tribunal de Cuentas tiene sobre la mesa una denuncia de Sociedad Civil Catalana en la que se pide la iniciación de un expediente de responsabilidad contable contra Mas, Homs, Ortega, Rigau y todas aquellas autoridades y funcionarios que fueron responsables de la utilización de más de cinco millones de euros en la consulta ilegal del 9N.

Este tipo de expedientes compromete el patrimonio personal de todos aquellos a los que el Tribunal de Cuentas halle responsables de un menoscabo de fondos públicos, bien sea intencionado, culposo o negligente. A este riesgo se refería Jordi Baiget en la entrevista que le costó que Puigdemont le cortara la cabeza el pasado 3 de julio. El exconsejero de Empresas, que dudó de que se pueda celebrar el referéndum porque “el Estado tiene una fuerza muy grande”, dijo que “yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio”.

7. El artículo 155
La Constitución española permite a través de este precepto la adopción por el Gobierno de las “medidas necesarias” en el caso de que una comunidad autónoma “no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España”.

Para la ejecución de esas medidas, que la Constitución no especifica ni han sido objeto de desarrollo legal, el Gobierno de España “podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”. Se trata de un mecanismo de coerción estatal inspirado en la Constitución alemana y que es frecuente en el Derecho Constitucional comparado. Las constituciones de Austria, Italia o Suiza contienen incluso medidas más agresivas, como la suspensión o disolución de los órganos autonómicos o regionales por lesiones graves del orden constitucional o legal.

La doctrina coincide en que la constitución española no autorizaría la disolución de las instituciones autonómicas concernidas. Hay consenso en que, al amparo del artículo 155, el Ejecutivo central podría dar órdenes jurídicamente vinculantes al Gobierno o al Parlamento autonómicos y, en el caso de que no fueran atendidas, podría suspender por el tiempo necesario a las autoridades y empleados públicos incumplidores, nombrando a quienes deban asumir temporalmente esas funciones.

No hay acuerdo en la doctrina sobre si el artículo 155 puede incluir medidas que supriman o dejen en suspenso la financiación de la comunidad afectada, como la paralización de las transferencias estatales o la suspensión de la participación en el fondo de compensación interterritorial. Algunos autores consideran que esas medidas, más allá de suponer una coerción específica a las autoridades autonómicas incumplidoras con el fin de restaurar la legalidad, castigaría a los ciudadanos del territorio.

En todo caso, el artículo 155 podría resultar ineficaz para el referéndum del 1-O, no ya por las dudas sobre cuál pueda ser su contenido sino por las exigencias temporales derivadas de la tramitación que imponen la Constitución y el Reglamento del Senado.

De acuerdo con esas normas, la aplicación del artículo 155 requiere la aprobación del Senado, al que el Gobierno deberá dirigirse justificando que ha realizado un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y que ese requerimiento ha sido incumplido. No hay plazo ni para el requerimiento ni para la respuesta de las autoridades autonómicas ni para la decisión del Senado. Pero la tramitación del escrito del Gobierno en la Cámara Alta exigiría varios meses, ya que la Mesa debe enviar el asunto a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que puede recabar la documentación que considere necesaria y dirigirse al presidente de la comunidad afectada. La comisión habrá de formular luego una propuesta para su debate y votación por el Pleno de la Cámara.

Para el cumplimiento de todos esos trámites desde que se produzca la convocatoria del referéndum catalán –lo que se espera para principios de septiembre- habría que actuar a uña de caballo en la aplicación, por primera vez en nuestra historia constitucional, de un precepto que es considerado una “bomba nuclear” jurídica. En palabras del expresidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz, el artículo 155 es un precepto “cuyo arte estriba en saber no usarlo”.

8. El estado de excepción
Los obstáculos temporales se simplificarían si se acude a otro mecanismo extraordinario que sí está regulado legalmente, el estado de excepción. La Ley Orgánica 4/1981 prevé la declaración del estado de excepción “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”.

Es una norma destinada a la protección del orden público que da poderes extraordinarios al Gobierno para la suspensión de derechos fundamentales. Se prevé, de manera específica, la posibilidad de suspender en el ejercicio del cargo a cualquier funcionario “que favorezca con su conducta la actuación de los elementos perturbadores del orden” y la imposición de sanciones pecuniarias “a quienes contravengan las disposiciones que [el Ejecutivo] dicte durante el estado de excepción”.

Fuentes jurídicas dudan de la eficacia de este instrumento, cuya duración no puede exceder de 30 días, con una sola prórroga de otros 30. Además, para que el Gobierno pueda declarar el estado de excepción se requiere la autorización del Congreso de los Diputados, en el que el PP no tiene una mayoría holgada.

No hay precedentes de que el Gobierno haya acudido a la declaración del estado de excepción y mucho menos al estado de sitio, indicado para amenazas a la independencia de España o al orden constitucional y que prevé la intervención del Ejército. Hay, no obstante, un caso previo que el Gobierno no querrá emular: el exgeneral golpista Milans del Bosch declaró en Valencia el estado de excepción el 23-F.

9. Ley de Seguridad Nacional
Aprobada en septiembre de 2015 por consenso entre el PP y el PSOE, la Ley de Seguridad Nacional faculta al Gobierno a tomar medidas para “proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional (…)”.

Corresponde al presidente del Gobierno declarar una “situación de interés para la seguridad nacional” mediante un real decreto. No se exige la autorización del Parlamento, al que, no obstante, se debe informar“inmediatamente” de las medidas adoptadas, que en ningún caso pueden implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. No sería, por tanto, una norma útil para apartar temporalmente de sus funciones a las autoridades autonómicas.

Se trata de una ley prevista para hacer frente a riesgos y amenazas derivadas de conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva, ciberamenazas, espionaje o vulnerabilidad de infraestructuras críticas y servicios esenciales, por lo que, en principio, resulta ajena a una situación de crisis constitucional por la actuación de instituciones autonómicas.

10. Diálogo político
Distintos autores estiman que la sola consideración de opciones jurídicas de absoluta excepcionalidad, como el artículo 155, “denota la existencia de un grave conflicto político y, eventualmente, social, que fuerza seriamente los márgenes del Derecho”. Así lo ha indicado, entre otros, el profesor de Derecho Constitucional Antonio Arroyo, que en un artículo en El País ha escrito: “La pretensión de encontrar solución a ese grave conflicto a partir de lo que las normas prevén pueda resultar no inútil, pero sí insuficiente. No es inútil, porque todo Gobierno tiene la obligación de hacer frente a un desafío tan grave como aquel que aspira a quebrar, desde dentro, el principio de unidad del Estado, a partir de la infracción de la legalidad vigente. Pero sí es insuficiente, porque mediante la aplicación de esas medidas coercitivas no desaparecerá el problema político —y en su caso, social— existente. (…) Gobernar responsablemente un país no consiste sólo en defender el respeto a la ley, sino también en liderar los procesos políticos de gran envergadura (…)”.

El propio Tribunal Constitucional ha venido insistiendo, ya desde la sentencia sobre la declaración soberanista del Parlamento catalán, en que "la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico". "Los problemas de esta índole", advirtió hace ya más de dos años el Constitucional, "no pueden ser resueltos por este tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución".

El expresidente del TC Francisco Pérez de los Cobos se despidió el pasado marzo del tribunal con un discurso en el que lamentaba que no haya habido “diálogo político” con Cataluña para resolver lo que calificó como "problema político". Pérez de los Cobos rememoró las palabras de su antecesor Manuel García Pelayo en el sentido de que "hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero hay otros que sólo pueden y deben ser resueltos por la vía política".

"La sentencia (sobre la declaración soberanista) se hizo eco de esa sabia admonición al señalar el importante papel que al diálogo político debía corresponder ante el problema suscitado", dijo Pérez de los Cobos, artífice de los fallos unánimes del TC sobre el proceso independentista catalán.

13 julio 2017

Año XIV - Nº 1044

LGTBI o la dominación del concepto. El caso de la familia

Editorial
Forum Libertas

Nadie como la ideología Gender y su vástago, las identidades LGTBI, se esfuerzan tanto en dominar el concepto, en redefinir el sentido de las palabras, de manera que, sin cambiarlas pasen a ser un vector de esta ideología.

Es el caso de la familia. Pero ¿qué es la familia? Intuitivamente parecía muy evidente, unos hijos, una mujer, los abuelos.. El derecho consuetudinario, el único que nos defiende de la invención arbitraria y del control político, también era evidente, porque recogía las consecuencias del fundamento de la antropología humana. Pero las leyes sobre el matrimonio homosexual y la adopción, los desarrollos legales a los que ha dado pie y sobre todo la alquimia Gender LGTBI han cambiado las cosas. 


Ahora, los partidos políticos de este país tienden a definir la familia en estos términos: “La familia es núcleo básico de convivencia y trasmisión de valores, donde las personas pueden desarrollar su afectividad y su proyecto vital”

En una lectura superficial la frase queda bonita, utiliza todos los conceptos políticamente correctos “convivencia”, “trasmisión de valores”, “afectividad”, “proyecto vital”. Pero ¿esto nos define realmente una familia? ¿Dónde quedan el hombre y la mujer, los hijos, que son su único fundamento? No existen. No existen porque es una definición construida para que la relación homosexual quepa dentro del concepto de familia. 

Forma parte de lo que llamamos homosexualismo político, la ideología LGTBI, cuyo fin es modificar todas las instituciones en función de sus necesidades específicas, y no en función de lo que en realidad son y de su cometido. Es tan evidente el engaño que solo hace falta -como siempre- detenerse un momento en la definición. En ella tanto se englobaría una comunidad religiosa, como un grupo de amigos, un colectivo “Okupa”, en definitiva, todo grupo de personas ligadas por vínculos afectivos de convivencia y de proyecto de vida común; allí cabe todo; hasta una compañía de la Legión. 

Toda esta definición que es la estándar que coloca la doctrina Gender LGTBI, omite lo que es decisivo. La familia es en su origen la unión de un hombre y una mujer con un compromiso mutuo y público (el matrimonio) con el fin de generar descendencia y educarla en términos de su socialización. La familia se define por una relación de consanguinidad, que amplía, por vínculos contractuales civiles o religiosos, para generar una nueva familia.

Allí donde aparezca una definición de aquel tenor, donde desaparezca el hombre, la mujer, los hijos, ya sabéis que no solo estáis ante un ejemplo de posverdad, sino ante un caballo de Troya del Gender LGTBI.

Y aquel troyano ideológico aun lo pueden perfilar más con este tipo de aditamento: “Hoy las familias son plurales y diversas, y todas han de tener los mismos derechos y deberes, porque la realidad social del país ha cambiado y hay que adaptarse a las nuevas realidades, especialmente los políticos, que hemos de dar respuesta a todos sin discriminar a nadie”
Una vez más el juego de la confusión combinado con el lenguaje políticamente correcto, para que no exista la familia normativa, y esta quede en una nebulosa de fórmulas emparentada con la homosexual.

Para empezar, la monoparental no es un modelo diferente de familia, sino el resultado de la quiebra de una de ellas, que no es lo mismo. Nadie, si no es forzado a ello, tiene como objetivo en la vida constituir una familia monoparental. Es el resultado de una familia desestructurada, y es la puerta a la pobreza, por ello deben recibir una especial atención, pero no por su condición familiar, sino por su situación social. La familia reconstituida es una familia estándar solo que los dos adultos o uno de ellos se ha unido en segundas nupcias.

Por descontado que las parejas de hecho y de cohabitación no constituyen un “modelo”, y no tienen -es una obviedad jurídica- los mismos derechos y deberes, especialmente las segundas. Son opciones de convivencia fruto de la libertad, pero que no son equiparables a la familia formada bajo un compromiso mutuo que se formaliza en un compromiso ante la comunidad, que esto es el matrimonio. Cada uno tiene el derecho a elegir como quiere vivir, pero los gobiernos, los estados, tienen el deber de identificar e incentivar lo que conviene al bien común.

Y es que el discurso del pluralismo y la diversidad, ya bien tópico, es el concepto utilizado para situar el matrimonio y la adopción homosexual en el mismo plano, y al tiempo crear una confusión en la que no hay una tipología familiar favorable al bien común, cuando es una obviedad que si la hay. Véase por ejemplo Familias y bienestar en Sociedad democráticas Fernando Pliego Carrasco. Y con mayor desarrollo de las causas Una Teoría de la Familia de Josep Miró i Ardevol.

Que los tiempos cambian es una evidencia, y las realidades sociales también, pero ¿esto implica necesariamente la aceptación de todos los cambios por el simple hecho de serlo? Dependerá de la concepción moral y cultural de la que se parta. Ha cambiado la promiscuidad sexual entre adolescentes, el uso social de todo tipo de drogas, los vientres de alquiler, el uso de embriones, el aborto como un derecho fundamental, la desigualdad, la voluntad de independizarse de España. 


Todo esto son algunas de las nuevas realidades sociales entre muchas otras. ¿Esto quiere decir que deben aceptarse simplemente porque son nuevas? ¡Qué argumento tan irracional! ¿Qué nuevas realidades no aceptan? La línea roja la traza la conciencia, no “la nueva realidad”

Todo esto solo conduce a una sociedad sin sentido -lo cual obviamente se paga a un coste elevado. Una sola cuestión lo revela: matrimonio homosexual sí y matrimonio y familia islámica, con cerca de 2000 millones de personas, ¿no? Eso sucede cuando “todo” son modelos de familia, confundiendo esta realidad con la convivencia, bien digna y responsable, pero que es otra cosa.


12 julio 2017

Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, podría ser declarado santo por la Iglesia católica

Álex Rosal
Religión en Libertad

Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, que fue acuchillado por tres terroristas yihadistas al enfrentarse a ellos para salvar la vida de un policía en Borough Market, junto al puente de Londres, podría ser declarado santo por la Iglesia católica.

Francisco lo hace posible
El Papa Francisco ha introducido nuevas normas para declarar santo a un miembro de la Iglesia: "La del ofrecimiento de la propia vida de aquellos que impulsados por el amor aceptan libre y voluntariamente una muerte cierta y en un breve plazo".

Ignacio Echeverría, posible santo
De esta manera, el Papa Francisco, gracias al Motu Proprio Maiorem hac dilectionem presentado ayer en el Vaticano, abre la puerta para que cristianos como Ignacio Echeverría, que han ofrecido su vida para salvar la de otros, puedan ser venerados como santos.

Cuatro causas para ser declarado santo
El ofrecimiento de la “propia vida” se une a otras tres causas ya existentes para declarar santo a un cristiano: el martirio, las virtudes heroicas y las causas excepcionales.

Vidas que son admiración para la comunidad de los fieles
El Papa explica en el texto que recoge las nuevas normas para ser declarado santo que “es cierto que el heroico ofrecimiento de la vida, sugerido y sostenido por la caridad, expresa una verdadera, plena y ejemplar imitación de Cristo y, por lo tanto, es merecedor de aquella admiración que la comunidad de los fieles suele reservar a aquellos que voluntariamente han aceptado el martirio de sangre o han ejercido en grado heroico las virtudes cristianas”.

¿Qué criterios se deben cumplir para ser declarado santo por "ofrecimiento de la propia vida"?
Estos son los cinco criterios que se deben cumplir y que están explicitados en el Motu Propio Maiorem hac dilectionem del Papa Francisco:

a) ofrecimiento libre y voluntario de la propia vida y heroica aceptación propter caritatem de una muerte cierta y en breve plazo;

b) existencia de un vínculo entre el ofrecimiento de la propia vida y la muerte prematura;

c) ejercicio, al menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas antes del ofrecimiento de la propia vida y, luego, hasta la muerte;

d) existencia de la fama de santidad y de signos de ella, al menos después de la muerte;

e) necesidad del milagro para la beatificación, sucedido después de la muerte del Siervo de Dios y por su intercesión.

¿Cumpliría Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, estos requisitos para que la Iglesia católica lo declarara santo?
Sobre los dos primeros requisitos que señala la Iglesia en este Motu Propio Maiorem hac dilectionem para declarar a una persona santa por "ofrecimiento de la propia vida", hay bastantes certezas que sugieren que Ignacio Echeverría ofreció su vida para salvar la de otra persona en un breve plazo.

Sobre el tercer requisito: "Ejercicio, al menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas antes del ofrecimiento de la propia vida y, luego, hasta su muerte", hay muchos testimonios que atestiguan que Ignacio Echeverría era una persona profundamente religiosa y con virtudes cristianas.

Todo bondad y persona recta
Del abogado de banca de 39 años asesinado en Londres decía uno de sus familiares que "era una persona de principios, es que era todo bondad. La persona más recta que yo he conocido. Sensible, generoso y casi siempre sonriente”.

Alma pura que no conocía la maldad
Guillermo, amigo íntimo de Ignacio, comentaba que ""era una persona especial, una buena persona. Tenía un alma pura, era como un lago azul, no conocía la maldad ni la mentira, ni el cinismo, ni le hipocresía, ni la falsedad".

El testimonio del párroco de Ignacio

Daniel Sevillano, párroco de la iglesia de San Miguel de Las Rozas, la parroquia de Ignacio Echeverría, conocía bien al héroe del monopatín. Dice de él que acudía todos los domingos a misa y pertenecía a Acción Católica, un grupo de oración que suele reunirse semanalmente. El sacerdote explica que era una "persona tímida profundamente cristiana", y que "con la mirada te decía muchas cosas".

Defendía la fe en Internet

Ignacio Echeverría usaba poco su cuenta de Facebook, y casi siempre para poner fotos o vídeos de skating y monopatín. La excepción fue un mensaje de denuncia en 2012 cuando la Unión Europea presionó a Eslovaquia para que retirara sus monedas de dos euros con la cruz eslava de su bandera y la imagen de San Cirilo y San Metodio (patronos de Europa y creadores del alfabeto cirílico).

11 julio 2017

Elogio de la democracia

Alberto Pérez de Vargas
Europa Sur

En los sistemas de cualquier índole; físicos, biológicos o sociales; interesa especialmente la capacidad de autorregulación. Hubo un tiempo que me interesé por la Teoría General de Sistemas, formalmente introducida por el pensador austriaco (Karl) Ludwig von Bertalanffy, en los años sesenta del pasado siglo. 

Ha dado mucho de sí el asunto, pero sin ir sensiblemente más allá del marco teórico. Sin embargo, no hay duda que pensar en cosas así y meditar sobre lo que otros han pensado, ayuda a comprender lo que pasa en esta aldea global, cada vez más compartida e interrelacionada, que llamamos mundo.

En esa capacidad de autorregularse es donde creo yo que reside el valor diferenciador, incuestionable valor, de la democracia. La libertad y el derecho, la igualdad ante la ley y la solidaridad, que ya estaban desde tiempos ancestrales en el humanismo cristiano, se convirtieron en referencias populares con la revolución burguesa por excelencia, la Revolución Francesa –que mañana cumplirá años− y en su lema: libertad, igualdad y fraternidad. 


Ningún otro sistema político podría asumir sin reservas la vigencia de esos términos sin bastardearlos, como hacen las derivaciones del marxismo y los movimientos asamblearios. De hecho, el socialismo –una de esas derivaciones marxistas− se empezó a apellidar democrático, convirtiéndose en socialdemocracia, cuando anunció el abandono de las raíces ideológicas que lo inspiraron.

La democracia, no sólo se autorregula sino que se retroalimenta. Se perfecciona constituyendo una clase que ostenta la representación del colectivo, con completa legitimidad y durante un tiempo limitado; lo que permite su renovación periódica permanente. Esa clase perfecciona su tarea en el ejercicio, se forma y se hace a sí misma. Por eso las llamadas primarias, son una trampa; son el recurso a la ignorancia y a la inexperiencia del colectivo para utilizarlo como instrumento de una determinada estrategia en los enfrentamientos internos. 

Que los partidos –y cualquier otro sistema de representación− acaban constituyendo oligarquías, es cosa sabida e inevitable; las plataformas de representantes asumen enseguida, para su funcionalidad y eficiencia, un comportamiento que las convierte en pequeñas oligarquías. "Tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría" escribió el gran politólogo Robert Michels (“Los partidos políticos”, Amorrortu) hace más de cien años.

10 julio 2017

Crónica de una muerte anunciada

Santiago Martín
ABC

La petición de la CUP para que se expropie a la fuerza la catedral de Barcelona y que se transforme en un almacén o en una sala de conciertos, ha puesto las cosas en su sitio. Ese es el futuro que le espera a la Iglesia en Cataluña si queda en manos de los radicales que buscan la independencia.

 Se podrá objetar que ni los de Esquerra son así, pero si para formar una mayoría de izquierdas -en caso de que se lograra la independencia- necesitaran los votos de la CUP, les darían lo que pidiesen.

Sin embargo, estoy seguro de que en las filas nacionalistas del clero catalán esa posibilidad no les infunde no sólo temor, sino ni siquiera respeto. Hace muchos años que ellos juegan a otra cosa. Su juego es el de poner la Iglesia al servicio de unos supuestos derechos a la independencia catalana. Lo primero era Cataluña y luego venía Dios. Primero ser catalán y luego ser católico.

 Por eso el menosprecio a los inmigrantes -andaluces, extremeños, murcianos, aragoneses- que no hablaban catalán y que se han sentido rechazados por una Iglesia que no sentían como suya porque no les trataba como si fueran sus hijos.

No les importaba a esos clérigos que dejaran la práctica religiosa, como no les importaban sus manifestaciones populares de fe, que despreciaban por considerarse superiores. Para ellos, si la independencia de Cataluña tiene que lograrse al precio de la transformación de la Iglesia en una minoría insignificante, se paga ese precio sin dudarlo.

 La ingenuidad que representó creer que con obispos catalanistas y conservadores -Novell, Pujol- se podía evitar la desaparición de la auténtica Iglesia una vez que se consiguiera la independencia ha quedado en evidencia. A los conservadores y a los progresistas los barrerán igual y no les importará si han sido compañeros de viaje durante el camino independentista.

He aprendido que la unidad es un valor, tanto como lo es el respeto a las legítimas diferencias. Esa es la lección de creer en un Dios uno y trino. Esa es la lección que intentó transmitir la Conferencia Episcopal española cuando habló del valor moral que representaba la unidad de la patria.Cuando esto se rompe, se pagan las consecuencias y se pagan muy caras.

La difícil «normalidad» de vivir en Leiza

Pablo Ojer
ABC

Decía a ABC hace unos meses Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles, asesinado por ETA en Arrigorriaga, que «no se puede hablar de normalidad mientras en localidades como Leiza no se pueda ir por la calle con la camiseta de la selección española de fútbol».

Y lo cierto es que diez meses después de que los terroristas anunciaran el «cese definitivo de las acciones armadas», en Leiza no se puede hablar de normalidad.

Este año, uno más, la familia Baleztena fue agredida cuando un grupo de jóvenes subió al balcón de su casa para robarles la bandera española que colocan cada 11 de agosto y quemarla en la misma plaza, enfrente del Ayuntamiento.


 No es la primera vez ni mucho menos que esta familia sufre el acoso de los radicales. Ha habido otros intentos de quemarles la bandera, con el consiguiente peligro de que el fuego se extendiera al edificio. Hace unos años, en 1999, algunos vecinos del pueblo decidieron poner una enorme ikurriña y una pancarta que tapara la bandera de España. Un amigo de la familia salió al balcón y reventó los globos que sostenían aquello con una escopeta de caza. Esta persona tampoco se ha librado del ataque de los violentos. En 2003 tuvo que realizar disparos al aire ante el ataque que sufrió su casa.
Sin apoyo

Las hermanas Baleztena, actuales dueñas de la casa, se han quejado en más de una ocasión de la escasez de apoyo por parte de algunos políticos. Han sido especialmente críticas con Patxi Zabaleta, fundador del partido nacionalista Aralar y vecino de la localidad, que nunca les ha mostrado ningún tipo de apoyo ante los actos violentos de los que han sido objeto. Los Baleztena constituyen una de las familias carlistas más conocidas no sólo en Leiza, sino en toda Navarra.


 De hecho, Joaquín Baleztena fue el jefe regional de los carlistas en Navarra en los años 30. Incluso se llegó a enfrentar al general Mola, quien inició el levantamiento militar de 1936 desde Pamplona, para evitar que hubiera ajusticiamientos hacia los republicanos.

Pero buena parte de los vecinos de Leiza no ven con buenos ojos las costumbres, arraigadas en la tradición, que mantiene esta familia. No hay que perder de vista que más del 75% del electorado de Leiza optó por Bildu en las pasadas elecciones municipales, por lo que obtuvo nueve concejales frente al que logró Derecha Navarra y Española y el que obtuvo UPN.


Acoso radical
Tampoco los regionalistas se han librado del acoso de los radicales en Leiza. De hecho, el concejal de UPN José Javier Múgica fue asesinado por ETA en 2001 debajo de su casa. Aunque no se ha podido determinar la autoría, todo apunta a que hubo un chivatazo a los terroristas desde el propio vecindario que les advirtió del día en que Múgica regresaba de sus vacaciones.

Sin embargo, aunque pequeño, en Leiza hay una parte del electorado y, por lo tanto de la población, que apoya las costumbres no nacionalistas, que tiene la bandera de España como propia. Y ahí siguen los Baleztena año tras año, mostrando la enseña nacional cada 11 de agosto, pese a lo que piensen otros.